Tremendas son las circunstancias en las que nos encontramos por cuenta del COVID-19. Esta situación ha dado lugar a diversas discusiones sobre los responsables, las formas, los medios y los tiempos que deben considerarse para su atención. Una cosa es mirar los noticieros, la prensa o la web para ver cómo se las están arreglando en algún lugar del mundo, y otra es verse empujado a pensar y actuar porque el virus está tocando a la puerta.
El foco también
está puesto sobre el papel de las autoridades territoriales en la gestión de
esta crisis. Se habla de que es el momento de los alcaldes y gobernadores, mientras
se pone una vez más sobre la mesa la discusión entre centralismo y autonomía,
pasando a inquirir por lo que se puede y se debe hacer, pero llamando a la
sensatez sobre las realidades tan dispares que se viven en los territorios.
Alcaldes y
gobernadores han dado muestra de su capacidad y carácter, no sobra recordar el
momento en que éstos se la jugaron por dar el primer paso en la adopción de
medidas para enfrentar la llegada del virus. Los ciudadanos fuimos testigos de una
muestra de gallardía de las autoridades locales en contraposición a la forma discreta
con la que desde el gobierno central se estaba encarando la situación. La puja
se zanjó con la adopción de cuarentena obligatoria a nivel nacional que,
después de varias prórrogas, irá hasta el 11 de mayo y posiblemente otro tanto
más.
Las
autoridades locales se las han ingeniado para mantener el orden en sus
territorios con medidas de pico y cédula, pico y género y similares. También un
gran esfuerzo en la entrega de mercados y otros apoyos monetarios o en especie,
en jornadas que resultan abrumadoras para el puñado de funcionarios con que
cuentan las alcaldías. Medidas que ayudan para que las personas mantengan el
confinamiento, pero que no alcanzan a ser suficientes frente a los impactos socioeconómicos que esta pandemia
está generando, máxime cuando para la mayoría de colombianos los ingresos
provienen del trabajo que a diario realizan.
Esta
situación es puesta en evidencia en el Decreto 417 de 2020, declaratorio del
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, al indicar que “(...) 42,4%
los trabajadores en Colombia trabajan por cuenta propia y 56,4% no son
asalariados”. Así pues tenemos millones de personas que viven del “diario” en
cuarentena, por lo que su actividad económica está restringida sin más
alternativas que les permitan reemplazar sus ingresos y, en consecuencia, tienen
exiguas posibilidades de abastecerse por su cuenta con alimentos y mucho menos seguir
cumpliendo con pagos y obligaciones. Por la situación en la que se encuentran han
pasado a depender de las ayudas del gobierno nacional, departamental y
municipal.
Con el Decreto Legislativo 512 de 2020,
los alcaldes fueron investidos con facultades para realizar las adiciones,
traslados y demás operaciones en el presupuesto municipal para atender la emergencia.
Pero la realidad es que la mayoría de municipios cuentan con recursos
limitados, destinados ajustadamente para los gastos de funcionamiento y otro
tanto para inversión, por lo que el margen de maniobra de los gobernantes resulta
siendo poco. La situación se agrava si consideramos que las expectativas de
recaudo a nivel local están bajando, pues difícilmente los ciudadanos van a
estar en condiciones de pagar oportunamente su impuesto predial y ni qué decir
del recaudo de industria y comercio estando este sector paralizado y con un
horizonte no muy claro frente a su apertura en el futuro.
Además de alimentos
para los hogares se viene la súplica de ayudas para el pago de los servicios
públicos que van al alza debido al mayor consumo en este tiempo de cuarentena.
Si bien el Decreto legislativo 517 de 2020,
autoriza a las administraciones municipales para asumir total o parcialmente el
costo los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible, los
rasguñados presupuestos municipales difícilmente podrán asumir semejante carga
en la forma y por el tiempo que requieren los hogares.
Una opción más viable es la que trae el
Decreto Legislativo 580 de 2020, que autoriza a las entidades territoriales para asumir total
o parcialmente el costo de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado
y aseo de los usuarios, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos, pero también
posibilitando su financiamiento con recursos del Sistema General de
Participaciones para agua potable y saneamiento.
Si antes de la emergencia sanitaria el
engrosamiento de los presupuestos municipales dependía de las transferencias
del nivel nacional, ahora con mayor razón van a necesitar de estos abonos para
atender las necesidades cada vez más crecientes en su territorio.
Las medidas que se tomen a nivel
nacional deben ir en clave de su aplicabilidad desde los municipios que son el
nivel básico del estado, por esto deben ir acompañadas del giro de los recursos
necesarios para su implementación, de lo contrario serán una carga insostenible
para los mandatarios locales que ya están trabajando con las uñas.
Solo pensar en lo que se viene a partir
del 27 de abril con la autorización para la realización de práctica del deporte
al aire libre pone los pelos de punta, pues así se anuncie que debe ser de
manera individual, respetando las distancias, con protocolos de horarios y
perímetro de desplazamiento, es muy seguro que por la falta de recursos y de
personal a nivel municipal termine siendo un total desorden con calles y
parques colmados de personas expuestas al contagio.
Por otro lado, la apertura gradual que
plantea el gobierno nacional de algunas actividades económicas requiere de un
esfuerzo coordinado entre el nivel central y el local, mismo que no solo se
logra con la expedición de decretos y la definición de protocolos nacionales de
bioseguridad en los lugares de trabajo sino que también deben considerarse las
escenarios de movilidad, orden público y salud pública que esta medida generará
en los territorios y las capacidades allí existentes para su atención.
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