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Hace poco ajustamos
un mes en cuarentena nacional debido a la emergencia sanitaria generada por el
virus COVID-19. Para muchos era impensable que a escasos meses de arrancar este
año, el país estuviera obligado a paralizar casi por completo la circulación de
personas, la educación, el trabajo, la práctica deportiva, los ritos
religiosos, el turismo entre otras actividades sociales y económicas. El
sacrificio también ha sido del gobierno en sus diferentes niveles alterando sus
prioridades de gestión e inversión para volcarse a la atención de la emergencia.
Sin duda esta
situación ha llevado a hacer grandes sacrificios, pero es injustificado que
también resulten inmolados los Planes de Desarrollo Territorial (PDT), que son
los instrumentos con los que las administraciones planifican el desarrollo local
durante sus cuatro años de gobierno.
En Antioquia
se ha venido haciendo manifiesta la preocupación por la forma en que se están
construyendo los PDT a nivel municipal (y en el oriente esa queja también
resuena). Unos cuantos municipios madrugaron y lograron adoptarlo en el primer
periodo de sesiones del Concejo; los restantes se ajustaron al tiempo
legalmente estipulado, contando con que algunos andan más bien afanados porque
arrancaron tarde con dicha labor.
Formular un
PDT no es una tarea fácil ni puede hacerse sin consultar las realidades
municipales y las expectativas de los ciudadanos con los nuevos gobiernos. El
descontento tiene voz en líderes y grupos sociales que desde los territorios vienen
demandando la garantía de la participación ciudadana como base primordial en la
confección de los PDT, pues en muchos municipios no se ha obrado de conformidad,
ni antes de la declaratoria de la emergencia y ahora menos durante su vigencia.
Tal es la situación que diferentes organizaciones
suscribieron una carta abierta[1]
dirigida a los Consejo Territoriales de Planeación (CTP) del departamento,
solicitándoles que en los municipios en los cuales se estén discutiendo los PDT
se emita un concepto negativo. En su misiva se advierte la falta de garantías
para el ejercicio de los derechos civiles y políticos bajo el estado de
excepción y emergencia, señalando que no están dadas las condiciones para poder
garantizar la planeación participativa.
Por ahora el foco está puesto en la
respuesta a la pandemia mientras pasan de agache muchos Planes con grandes
falencias en su
elaboración por la escasa participación
comunitaria, también por las dificultades enfrentadas por los CTP que han
tenido limitada capacidad operativa y pocas posibilidades de acceso a
tecnología de la información y comunicación, afectando la necesaria
coordinación para desarrollar el estudio conjunto del PDT y verificar especialmente su
correspondencia con los programas de gobierno, compromisos y agendas asumidas
durante la campaña electoral.
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